- Nombramiento.
La autoridad competente sólo podrá nombrar en cargos de alta dirección pública a alguno de los
postulantes propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública o Comité de Selección, según
corresponda. Si, después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de
algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes candidatos que
la conformaron. Con todo, la autoridad podrá solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública
complementar la nómina con otros candidatos idóneos del proceso de selección que la originó,
respetando el orden de puntaje obtenido en dicho proceso.

- Extensión del nombramiento y posibilidad de renovación.

Los nombramientos tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá renovarlos
fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles
del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeño
suscritos.
La decisión de la autoridad competente respecto de la renovación o término del periodo de
nombramiento deberá hacerse con treinta días corridos de anticipación a su vencimiento, comunicando
tal decisión en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la que procederá,
si corresponde, a disponer el inicio de los procesos de selección.

- Efectos de la renuncia del directivo nombrado en fecha reciente.

Si el directivo designado renunciare dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento, la autoridad
competente podrá designar a otro de los integrantes de la nómina presentada por el consejo o el comité
para dicho cargo.

- Posibilidad de conservar el cargo en la planta si se posee.

Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean
titulares durante el periodo en que se encuentren nombrados en un cargo de alta dirección pública,
incluyendo sus renovaciones. Esta compatibilidad no podrá exceder de nueve años.

- Cargos de exclusiva confianza para los efectos de remoción.

Los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, para efectos de remoción, se entenderán como de
“exclusiva confianza”. Esto significa que se trata de plazas de provisión reglada a través de concursos
públicos, pero las personas así nombradas permanecerán en sus cargos en tanto cuenten con la
confianza de la autoridad facultada para decidir el nombramiento.

- Obligación de responder por la gestión eficaz y eficiente.

Los altos directivos públicos, deberán responder por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el
marco de las políticas públicas.
Conforme así lo dispone el Artículo 64 del Estatuto Administrativo, serán obligaciones especiales de las
autoridades y jefaturas, las siguientes:

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del
personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el
cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;
b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del
ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y
c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de
general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una
actuación eficiente de los funcionarios.

- Obligación de dedicación exclusiva y excepciones.

Los altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva, es decir, existe
imposibilidad de desempeñar otra actividad laboral, en el sector público o privado.
Conforme así lo dispone el inciso primero del Artículo Sexagésimo Sexto de la Ley N° 19.882, los cargos de
altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a las
prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1° de la ley N° 19.863, y les será aplicable el
artículo 8° de dicha ley.
El artículo 1° de la Ley N° 19.863, en los incisos quinto, sexto y séptimo, regula los escenarios de
compatibilidad, lo que nos lleva a concluir que el desempeño de cargos del Sistema de Alta Dirección
Pública permite el ejercicio de los derechos que atañen personalmente a la autoridad o jefatura; la
percepción de los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; los emolumentos que
provengan de la administración de su patrimonio, del desempeño de la docencia prestada a
instituciones educacionales y de la integración de directorios o consejos de empresas o entidades del
Estado, con la salvedad de que dichas autoridades y los demás funcionarios no podrán integrar más de
un directorio o consejo de empresas o entidades del Estado, con derecho a percibir dieta o
remuneración. Con todo, la dieta o remuneración que les corresponda en su calidad de directores o
consejeros no podrá exceder mensualmente del equivalente en pesos de veinticuatro unidades
tributarias mensuales.
Cuando la dieta o remuneración mensual que les correspondiere fuere de un monto superior al que
resulte de la aplicación del párrafo anterior, el director o consejero no tendrá derecho a la diferencia
resultante y la respectiva empresa o entidad no deberá efectuar su pago.
Por otro lado, los altos directivos públicos pueden desarrollar actividades docentes.
Sobre el particular, el Artículo 8° de la Ley N° 19.863, dispone, lo siguiente:
“Independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán
desarrollar actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar las horas en
que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine
el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce horas semanales. Excepcionalmente, y por resolución
fundada del jefe de servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda
dicho tope.”

Limitación a la norma establecida en el artículo 1°, de la Ley N° 19.863

Los altos directivos públicos, por regla general, tendrán derecho a percibir dietas por la integración de
directorios o consejos de empresas o entidades del Estado, con la salvedad de que no podrán integrar
más de un directorio o consejo de empresas o entidades del Estado con derecho a percibir dieta o
remuneración.
Con todo, la dieta o remuneración que les corresponda en su calidad de directores o consejeros, no podrá
exceder mensualmente del equivalente en pesos de veinticuatro unidades tributarias mensuales.
Cuando la dieta o remuneración mensual que les corresponde fuere de un monto superior al que resulte
de la aplicación del párrafo anterior, el director o consejero no tendrá derecho a la diferencia resultante y
la respectiva empresa o entidad no deberá efectuar su pago.
La compatibilidad descrita en los párrafos que anteceden, es sin perjuicio de disposiciones legales que
limiten o restrinjan este derecho, como ocurre con las normas contenidas en las leyes periódicas de
presupuestos del sector público. A la fecha de publicación de la presente convocatoria, se encuentra
vigente el artículo 32 de la Ley N° 21.722, de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2025,
disposición que establece que determinados funcionarios y autoridades, no tendrán derecho a percibir
dieta o remuneración que provenga del hecho de integrar consejos o juntas directivas, presidencias,
vicepresidencias, directorios, comités u otros equivalentes con cualquier nomenclatura, de empresas o
entidades públicas que incrementen su remuneración, durante el presente ejercicio presupuestario.
Esta norma, podría tener vigencia o no para el ejercicio presupuestario del año 2026, dependiendo del
tenor de la Ley de Presupuestos del Sector Público para dicho año, la cual, comenzará a regir a partir del
01 de enero del año referido.

- Posibilidad de percibir una indemnización en el evento de desvinculación.

El alto directivo público tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las
remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución en calidad de
alto directivo público, con un máximo de seis, conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo
quincuagésimo octavo de la Ley Nº 19.882.

La indemnización se otorgará en el caso que el cese de funciones se produzca por petición de renuncia,
antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de
su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el término del
periodo de nombramiento sin que este sea renovado.

- Otras obligaciones a las cuales se encuentran afectos los altos directivos públicos.

Los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa,
previsto en el inciso primero del artículo 8° de la Constitución Política de la República y en el Título III de la
Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575.
De igual modo, los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento a las normas sobre
Declaración de Intereses y de Patrimonio, previstas en la Ley N° 20.880 y su Reglamento, contenido en el
Decreto N° 2, de 05 de abril de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Los Jefes Superiores de los Servicios Públicos y los Directores Regionales, conforme a lo dispuesto en la Ley
N° 20.730 y su Reglamento, son sujetos pasivos de Lobby y Gestión de Intereses Particulares, por lo que
quedan sometidos a dicha normativa para los efectos indicados.
De igual modo, otros directivos, en razón de sus funciones o cargos pueden tener atribuciones decisorias
relevantes o pueden influir decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones. En ese caso, por
razones de transparencia, el jefe superior del servicio anualmente individualizará a las personas que se
encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en
sitios electrónicos. En ese caso, dichos directivos pasarán a poseer la calidad de Sujetos Pasivos de la Ley
del Lobby y Gestión de Intereses Particulares y, en consecuencia, quedarán afectos a la Ley N° 20.730 y
su Reglamento, contenido en el Decreto N° 71, de junio de 2014, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia.

Finalmente, los altos directivos públicos deberán dar estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas
en las Resoluciones Afectas Números 1 y 2 de 2017, de la Dirección Nacional del Servicio Civil, que
establecen normas de aplicación general en materias de Gestión y Desarrollo de Personas en el Sector
Público.