Nombramiento.
La autoridad competente sólo podrá nombrar en cargos de alta dirección pública a alguno de los postulantes propuestos por el Consejo de Alta Dirección Pública o Comité de Selección, según corresponda. Si, después de comunicada una nómina a la autoridad, se produce el desistimiento de algún candidato que la integraba, podrá proveerse el cargo con alguno de los restantes candidatos que la conformaron. Con todo, la autoridad podrá solicitar al Consejo de Alta Dirección Pública complementar la nómina con otros candidatos idóneos del proceso de selección que la originó, respetando el orden de puntaje obtenido en dicho proceso.
Extensión del nombramiento y posibilidad de renovación.
Los nombramientos tendrán una duración de tres años. La autoridad competente podrá renovarlos fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, teniendo en consideración las evaluaciones disponibles del alto directivo, especialmente aquellas relativas al cumplimiento de los convenios de desempeño suscritos.
La decisión de la autoridad competente respecto de la renovación o término del periodo de nombramiento deberá adoptarse con treinta días corridos de anticipación a su vencimiento, comunicando tal resolución en forma conjunta al interesado y a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la que procederá, si corresponde, a disponer el inicio del proceso de selección respectivo.
Efectos de la renuncia del directivo nombrado en fecha reciente.
Si el directivo designado renunciare dentro de los seis meses siguientes a su nombramiento, la autoridad competente podrá designar a otro de los integrantes de la nómina presentada por el Consejo de Alta Dirección Pública o el Comité de Selección para dicho cargo.
Posibilidad de conservar el cargo en la planta si se posee.
Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios conservarán la propiedad del cargo de planta de que sean titulares durante el periodo en que se encuentren nombrados en un cargo de alta dirección pública, incluyendo sus renovaciones. Esta compatibilidad no podrá exceder de nueve años.
Cargos de exclusiva confianza para los efectos de remoción.
Los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, para efectos de remoción, se entenderán como de “exclusiva confianza”. Esto significa que se trata de plazas de provisión reglada a través de concursos públicos, pero las personas así nombradas permanecerán en sus cargos en tanto cuenten con la confianza de la autoridad facultada para decidir el nombramiento.
Obligación de responder por la gestión eficaz y eficiente.
Los altos directivos públicos, deberán responder por la gestión eficaz y eficiente de sus funciones en el marco de las políticas públicas.
Conforme así lo dispone el Artículo 64, de la Ley Nº 18.834, que contiene el Estatuto Administrativo, serán obligaciones especiales de las autoridades y jefaturas, las siguientes:
a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;
b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y
c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.
Obligación de dedicación exclusiva y excepciones.
Los altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva, es decir, existe imposibilidad de desempeñar otra actividad laboral, en el sector público o privado.
Conforme así lo dispone el inciso primero, del artículo sexagésimo sexto, de la Ley N° 19.882, los cargos de altos directivos públicos deberán desempeñarse con dedicación exclusiva y estarán sujetos a las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 1°, de la ley N° 19.863, y les será aplicable el artículo 8° de dicha ley.
El artículo 1°, de la Ley N° 19.863, en los incisos quinto, sexto y séptimo, regula los escenarios de compatibilidad, lo que nos lleva a concluir que el desempeño de cargos del Sistema de Alta Dirección Pública permite el ejercicio de los derechos que atañen personalmente a la autoridad o jefatura; la percepción de los beneficios de seguridad social de carácter irrenunciable; los emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio, del desempeño de la docencia prestada a instituciones educacionales y de la integración de directorios o consejos de empresas o entidades del Estado, con la salvedad de que dichas autoridades y los demás funcionarios no podrán integrar más de un directorio o consejo de empresas o entidades del Estado, con derecho a percibir dieta o remuneración. Con todo, la dieta o remuneración que les corresponda en su calidad de directores o consejeros, no podrá exceder mensualmente del equivalente en pesos de veinticuatro unidades tributarias mensuales.
Cuando la dieta o remuneración mensual que les correspondiere fuere de un monto superior al que resulte de la aplicación del párrafo anterior, el director o consejero no tendrá derecho a la diferencia resultante y la respectiva empresa o entidad no deberá efectuar su pago.
Por otro lado, los altos directivos públicos pueden desarrollar actividades docentes.
Sobre el particular, el Artículo 8°, de la Ley N° 19.863, dispone, lo siguiente:
“Independientemente del régimen estatutario o remuneratorio, los funcionarios públicos podrán desarrollar actividades docentes durante la jornada laboral, con la obligación de compensar las horas en que no hubieren desempeñado el cargo efectivamente y de acuerdo a las modalidades que determine el jefe de servicio, hasta por un máximo de doce horas semanales. Excepcionalmente, y por resolución fundada del jefe de servicio, se podrá autorizar, fuera de la jornada, una labor docente que exceda dicho tope.”
Posibilidad de percibir una indemnización en el evento de desvinculación.
El alto directivo público tendrá derecho a gozar de una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas en el último mes, por cada año de servicio en la institución en calidad de alto directivo público, con un máximo de seis, conforme a lo establecido en el inciso tercero, del artículo quincuagésimo octavo, de la Ley Nº 19.882.
La indemnización se otorgará en el caso que el cese de funciones se produzca por petición de renuncia, antes de concluir el plazo de nombramiento o de su renovación, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, o cuando dicho cese se produzca por el término del periodo de nombramiento sin que este sea renovado.
Otras obligaciones a las cuales se encuentran afectos los altos directivos públicos.
1) Los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa, previsto en el inciso primero, del artículo 8°, de la Constitución Política de la República y en el Título III, de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, N° 18.575.
2) De igual modo, los altos directivos públicos, deberán dar estricto cumplimiento a las normas sobre Declaración de Intereses y de Patrimonio, previstas en la Ley N° 20.880 y su Reglamento, contenido en el Decreto N° 2, de 05 de abril de 2016, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
3) Los Jefes Superiores de los Servicios Públicos y los Directores Regionales, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 20.730 y su Reglamento, son sujetos pasivos de Lobby y Gestión de Intereses Particulares, por lo que quedan sometidos a dicha normativa para los efectos indicados.
De igual modo, otros directivos, en razón de sus funciones o cargos pueden tener atribuciones decisorias relevantes o pueden influir decisivamente en quienes tengan dichas atribuciones. En ese caso, por razones de transparencia, el jefe superior del servicio anualmente individualizará a las personas que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma permanente en sitios electrónicos. En ese caso, dichos directivos pasarán a poseer la calidad de Sujetos Pasivos de la Ley del Lobby y Gestión de Intereses Particulares y, en consecuencia, quedarán afectos a la Ley N° 20.730 y su Reglamento, contenido en el Decreto N° 71, de junio de 2014, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
4) Los altos directivos públicos deberán dar estricto cumplimiento a las Instrucciones Presidenciales sobre Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas en el Estado, contempladas en el Oficio del Gabinete Presidencial N° 001, de 26 de enero de 2015.
INHABILIDADES, PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES ESPECIALES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 3A Y 3B DE LA LEY N° 18.902, QUE CREA LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS.
Las disposiciones legales citadas, establecen normas especiales, sobre inhabilidades, prohibiciones y obligaciones especiales, las cuales, resultan aplicables al Superintendente de Servicios Sanitarios y a los funcionariosdel Servicio que desempeñen cargos de exclusivaconfianza del Superintendente.
Existen, en primer lugar, inhabilidades especiales para ser nombrado en un cargo directivo de exclusiva confianza del Superintendente.
Son inhábiles:
a) Las personas que por sí, o por sus cónyuges, o por sus parientes legítimos hasta el primer grado de consanguinidad, o por personas que estén ligados a ellos por vínculos de adopción, o a través de personas naturales o de personas jurídicas en que tengan control de su administración, participen en la propiedad de empresas prestadoras de servicios sanitarios.
b) Las personas que por sus parientes legítimos hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad tuvieren, por sí o a través de personas jurídicas en que tengan el control de su administración, más del 10% del capital con derecho a voto o pueda elegir o designar o hacer elegir o designar, a lo menos un director de una empresa de servicios sanitarios.
El sentido de estas inhabilidades, es evitar que determinadas personas, por sí, o a través de personas cercanas, participen en la propiedad de empresas prestadoras de servicios sanitarios o en su administración. De este modo, se evitan conflictos de interés, separando totalmente los ámbitos de acción de la autoridad sanitaria y de las empresas prestadoras de servicios sanitarios.
Efectos que producen en el nombramiento, la existencia de una “inhabilidad sobreviniente”.
Los incisos cuarto y quinto, del artículo 3A, de la Ley Nº 18.902, regulan los efectos de la existencia de inhabilidades sobrevinientes, es decir, aquellas que tienen lugar, una vez decidido nombramiento.
Dichas normas, establecen, lo siguiente:
“La inhabilidad sobreviniente producirá la inmediata cesación en el cargo. Si el afectado no presentare la renuncia se declarará vacante el cargo, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que pueda afectarle.
La inhabilidad sobreviniente podrá ser establecida por la Contraloría General de la República, de oficio o a petición de cualquier persona, y de ser comprobada dará lugar a la declaración de vacancia del cargo por la autoridad competente.”
Deber de Guardar Estricta Reserva o Secreto de Determinada Información.
El inciso primero, del artículo 3B, de la Ley Nº 18.902, regula “el deber de reserva” al cual se encuentran afectos, los funcionarios de la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Dicha disposición, establece, lo siguiente:
“El Superintendente, los funcionarios de la Superintendencia y las personas que le presten servicios, deberán guardar reserva de los antecedentes que conocieren en el ejercicio de sus funciones, relativos a los negocios de las personas sujetas a su fiscalización, especialmente aquellos que revistan el carácter de reservado, mientras mantengan tal calidad y deberán abstenerse de utilizarlos en beneficio propio o de terceros.”
Prohibiciones Especiales.
Los incisos segundo y tercero, del artículo 3B, de la Ley Nº 18.902,regulan determinadas prohibiciones especiales que afectan al cargo de Superintendente/a de Servicios Sanitaros y a los funcionarios del Servicio.
Dichas disposiciones, establecen, lo siguiente:
“Prohíbese al Superintendente y a los demás funcionarios del servicio prestar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas, servicios personales a personas o entidades sometidas a la fiscalización de la Superintendencia o a los directivos, jefes o empleados de ellas, durante su desempeño en el servicio. La misma prohibición regirá respecto de las empresas mencionadas en el inciso primero del artículo anterior, que no se encuentran sujetas a la fiscalización de la Superintendencia.
La prohibición señalada en el inciso anterior se aplicará al Superintendente y a los funcionarios de su exclusiva confianza hasta 3 meses después de haber hecho dejación del cargo.”
Deber de Abstención, regulado en el artículo 12, de la Ley Nº 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
La norma legal referida, para evitar conflictos de intereses, ha establecido el “deber de abstención”, que rige a las autoridades y funcionarios de la Administración del Estado.
Dicho precepto, establece, lo siguiente:
“Artículo 12. Principio de abstención. Las autoridadesy los funcionarios de la Administración en quienes se denalgunas de las circunstancias señaladas a continuación, seabstendrán de intervenir en el procedimiento y locomunicarán a su superior inmediato, quien resolverá loprocedente.
Son motivos de abstención los siguientes:
1. Tener interés personal en el asunto de que se trateo en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tenercuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuartogrado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera delos interesados, con los administradores de entidades osociedades interesadas y también con los asesores,representantes legales o mandatarios que intervengan en elprocedimiento, así como compartir despacho profesional oestar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta conalguna de las personas mencionadas anteriormente.
4. Haber tenido intervención como perito o comotestigo en el procedimiento de que se trate.
5. Tener relación de servicio con persona natural ojurídica interesada directamente en el asunto, o haberleprestado en los dos últimos años servicios profesionalesde cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
La actuación de autoridades y los funcionarios de laAdministración en los que concurran motivos de abstenciónno implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.
La no abstención en los casos en que proceda darálugar a responsabilidad.
En los casos previstos en los incisos precedentespodrá promoverse inhabilitación por los interesados encualquier momento de la tramitación del procedimiento.
La inhabilitación se planteará ante la mismaautoridad o funcionario afectado, por escrito, en el que seexpresará la causa o causas en que se funda.”
Obligación especial establecida en el inciso final, del artículo 56, de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
El precepto citado, establece, lo siguiente:
“Del mismo modo son incompatibleslas actividades de las ex autoridadeso ex funcionarios de una instituciónfiscalizadora que impliquen unarelación laboral con entidades delsector privado sujetas a lafiscalización de ese organismo. Esta incompatibilidad se mantendrá hastaseis meses después de haber expiradoen funciones.”
Por lo tanto, la persona que deja de pertenecer a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, no podrá prestar servicios a alguna entidad del sector privado que se encuentre sujeta a fiscalización de dicho organismo, por el lapso de seis meses contado desde el término de las funciones respectivas.
Finalmente, cabe señalar que el Superintendente y los funcionarios de su exclusiva confianza, deberán declarar, en cuanto tengan conocimiento o hayan razonablemente debido saberlo y en los mismos términos señalados precedentemente la participación de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad en la propiedad de las empresas a que se refiere el inciso primero, o las empresas proveedoras de equipos, insumos o servicios específicos habituales de empresas prestadoras de servicios sanitarios o de empresas constructoras que sean contratistas habituales de empresas prestadoras de servicios sanitarios.
CONDICIONES ESPECIALES DEL ART 20 BIS DEL DECRETO LEY 3551
Prohíbese al personal de las instituciones D.O. 30.12.1981 fiscalizadoras a que se refiere este título, prestar por sí o a través de otras personas naturales o jurídicas, servicios personales a personas o a entidades sometidas a la fiscalización de dichas instituciones o a los directivos, Jefes o empleados de ellas.
Ningún funcionario de institución fiscalizadora podrá intervenir, en razón de sus funciones, en asuntos en que tenga interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos del 1° a 4° grado inclusives, o por afinidad de primero y segundo grado, o las personas ligadas con él por adopción.
Asimismo, les está prohibido actuar por sí o a través de sociedades de que formen parte, como agentes o gestores de terceras personas ante cualquier institución sometida a la fiscalización de las instituciones a que se refiere este título.
En todo caso quedan exceptuados de estas prohibiciones e inhabilidades el ejercicio de derechos que atañen personalmente al funcionario o que se refieran a la administración de su patrimonio, y la atención docente, labores de investigación o de cualquiera otra naturaleza no remuneradas o remuneradas en cualquier forma, prestadas a universidades o instituciones de enseñanza que no persigan fines de lucro.
Igualmente queda exceptuada la atención no remunerada prestada a sociedades de beneficencia, instituciones de carácter benéfico y, en general, a instituciones sin fines de lucro. Con todo, para que operen estas excepciones, será necesario obtener autorización previa y expresa del jefe superior del servicio. Si estas autorizaciones se hicieren necesarias respecto del jefe superior, serán dadas por el Ministro respectivo.
